Vivimos en la sociedad de la inmediatez, donde la revolución tecnológica ha generado un mayor empoderamiento de la ciudadanía y un cambio de valores. Paradójicamente, también sufrimos una enorme dificultad de ordenar la ingente información de que disponemos de una forma simple y accesible, especialmente en lo que compete a la gestión de los recursos públicos

No es un tema nuevo. La presión en favor de una administración más transparente y abierta se inició a nivel europeo en 2009, con el convenio sobre el acceso a los documentos públicos, y desde entonces y hasta ahora legislación española y autonómica ha ido evolucionando a marchas forzadas para no quedar en el vagón de cola a nivel comunitario. En Cataluña, hace casi cinco años que se aprobó la Ley 19/2014 de 29 de diciembre de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Y es ahora cuando se está ultimando el proyecto de reglamento que la desarrolla, después de un proceso de participación pública en les mes de julio.

En este contexto, hace unas semanas se celebró en Barcelona la Jornada de Gobiernos Abiertos, dirigida a cargos electos y técnicos de la administración local (principalmente) y organizada por la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el consorcio Administració Oberta de Catalunya. Actualmente son mayoría los ayuntamientos catalanes que tienes sus datos a disposición de los ciudadanos, gracias a la plataforma Govern Obert (gobierno abierto). Un total de 1.174 entes locales forman parte, de los cuales un 95 por ciento son municipios, y por defecto ya están estandarizados hasta 36 ítems de datos, según se informó durante las jornadas.

Las cuestiones técnicas están pues, resueltas o en vías de solución. Y las organizativas se van estructurando sin pausa, con velocidades que implican a todo el mundo por igual, desde el ayuntamiento más pequeño al ente administrativo más grande. Dicho esto, ¿cuál es la conclusión fundamental de las jornadas? La misma que motivó el punto de partida del encuentro, con el hashtag #beWaterMyGov. A pesar de los esfuerzos legislativos de los últimos años, la transparencia sigue siendo un bien escaso, como el agua.

Sin entrar en el detalle de quien dijo qué (aquí dejo el enlace al programa de las jornadas) sí que desglosaré los ítems que me parecieron más relevantes:

• La transparencia es una actitud, aunque la duda es si se aplicaría igual sin una legislación que obligara a las administraciones a ejercerla de manera efectiva
• Reduce la desconfianza de la ciudadanía respecto a los poderes púbicos y es un antídoto contra los populismos
• Permite mejorar la comprensión de la complexidad de las decisiones públicas
• El liderazgo técnico y político es determinante para implantar los procesos de gobiernos abiertos, y hay que hacerlo con luces largas sin tacticismos cortoplacistas
• Es importante sumar transparencia a participación, y entender que los espacios de deliberación no son monopolio de la administración
• La participación ciudadana es algo optativo, por tanto, hay que procurar que se vincule a temas importantes y evitar quemar cartuchos con banalidades. Y también habría que procurar que los procesos tengan un punto de divertidos, sobretodo para que resulten atractivos para los ciudadanos y ciudadanas.

Y, ¿cuáles son los diez retos principales?

• Sigue habiendo un alto desconocimiento de la norma y de los derechos en materia de derecho a la información y transparencia por parte de la ciudadanía
• Muchos de los ayuntamientos siguen teniendo estructuras internas 1.0, con problemas de medios y de digitalización.
• Se trabaja la transparencia de cara al exterior, pero siguen habiendo problemas graves de información interna, especialmente entre las diferentes áreas o departamentos de una misma administración.
• Las administraciones locales deberían revisar y, quizá, redefinir la organización territorial. Hay comarcas que no tienen ni siquiera arquitecto municipal, o interventor o secretario estable.
• Falta previsión sobre el impacto que tendrá la jubilación en bloque de toda una generación de funcionarios, teniendo en cuenta que en los últimos años las plantillas han envejecido y el acceso a la función pública de gente más joven ha sido limitado
• Es necesario ahondar en el cambio cultural que permita superar los miedos y recelos respecto al cuando que pregunta. A poca gente le gusta la sensación de estar fiscalizados y es importante cambiar ese enfoque.
• Hay que resolver el debate sobre la verificación de la identidad de quien pide la información. ¿Realmente es indispensable en todos los casos?
• El nivel de solicitudes de información sigue siendo bajo y la mayoría suelen ser de la misma persona. ¿Cómo deberíamos resolverlo? ¿Explicamos suficientemente a la ciudadanía como ejercer su derecho a la información?
• Actualmente también se realizan rendimiento de cuentas de manera informal a través de las redes sociales. Muchos cargos electos y las propias instituciones contestan preguntas o dan información a través de facebook o twitter, y hay que analizar como conectarlo con los mecanismos reglados de gobierno abierto.
• Hay que superar el concepto de aplicar la transparencia como imperativo legal, y conseguir el cambio de paradigma que permita vivirla como una oportunidad de mejora democrática.

La ciudadanía quiere saber cómo, quién y porqué se toman las decisiones, y también en que se gasta el dinero público. Como explica Carles Ramió, experto en adminsitraciones públicas, “la transparencia es mucho más importante de lo que parece porque afecta directamente a elementos de legitimidad del sistema”. El camino legislativo empezó hace diez años, aunque los cambios en la cultura política i institucional son lentos. Hay pues que seguir trabajando, #beWatermyGOv.